Sobre la ley de seguridad ciudadana

SOBRE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

En materia de seguridad ciudadana, la normativa rectora es la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana. Desde su publicación, la misma fue objeto de numerosas críticas, llegando a ser conocida popularmente como “Ley mordaza”. También su antecesora fue objeto de numerosas críticas, y llegó a ser conocida como “Ley Corcuera”,denominada popularmente así en su momento por haber sido impulsada ésta por el entonces ministro del interior, Jose Luis Corcuera. Esta es una ley que tal y como señala su preámbulo, va dirigida, desde la óptica de los derechos y valores constitucionales, a recoger un código de actuaciones y potestades de los poderes públicos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Pese a que ésta norma opera desde el año 2015, siguen siendo muchas las dudas que suscita la misma, y en ocasiones, según hemos podido comprobar de la lectura de foros en internet,  se sigue malinterpretando la norma en muchos aspectos. Uno de esos aspectos que se malinterpretaron y que sigue confundiendo la gente, es la legitimidad o no para filmar o fotografiar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Así  pues, el post de hoy es muy sencillo y viene a dar solución a ese enigma social que no debería serlo. Así pues, ¿Se puede grabar a un policía?

En derecho, los operadores jurídicos somos instruidos en la universidad,  desde el primer año para interpretar las normas, y principalmente la regla general es atender a la literalidad, aunque es cierto que en ocasiones, el intérprete ha de hacer uso de su buen saber dándole un enfoque histórico, social, cultural o coyuntural a la norma que interpretamos. En el caso de la ley de seguridad ciudadana, el precepto que se castiga (artículo 36.23),como infracción grave es el siguiente  “El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.”. Leído el precepto, solo cabe una interpretación posible, y es la literaria, tal y como indican las normas de interpretación de normas del Código Civil.  Lo que castiga esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana, no es la filmación o la fotografía de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino el uso no autorizado de tales imágenes o datos personales que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Es decir, una vez tomadas (legítimamente) fotografías o vídeos de los agentes, no contravendría la norma el hecho de que estas aparezcan en televisión, en redes sociales o incluso ante un tribunal como prueba en un proceso contra un Guardia Civil, por ejemplo.

Tenemos que estar muy atentos al matiz que opera en este precepto referido a “El uso no autorizado”. ¿Quién dice qué uso es autorizado y qué uso no lo está?. Pues básicamente, la legislación y su desarrollo jurisprudencial. Nuestra Constitución establece en el artículo 20.1.d) que los españoles tienen derecho a recibir información veraz por cualquier medio de difusión, con lo cual, siendo ésta norma suprema y superlativa en nuestro ordenamiento jurídico, el resto de leyes, decretos, y demás normas, han de subordinarse a ella. Resumiendo, si la constitución garantiza que podamos recibir información veraz, no puede una ley de inferior rango privar del derecho a captar imágenes de los CFSE, puesto que este método es imprescindible para que la información y la comunicación, fluyan correctamente.

En cualquier caso, y si ello no sirviera al lector para convencerle de que puede grabar y fotografiar a todo un ejército de policías, argumentaré también que debemos estar no solo a lo que prohíbe la Ley de Seguridad Ciudadana, sino a lo que, por contra NO prohíbe Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Es indudable que el único derecho que se puede lesionar al filmar a un Guardia Civil o a un Policía Nacional, es su derecho a la intimidad y a la propia imagen, por lo que ojear esta ley podría arrojar y de hecho arroja, algo de luz sobre el asunto, dado que en su artículo 8.2.a), se establece que no se considerarán intromisiones ilegítimas al derecho al honor, la intimidad o la propia imágen: Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público. Leído esto, indudablemente los CFSE, son cargos públicos, por lo que captarlos en fotografía o en vídeo, siempre que se haga en lugares públicos, estando ellos de servicio, son legítimas.

En cualquier caso, el enfoque práctico es siempre lo más acertado posible, y en consecuencia, la sección número 26 de la Audiencia Provincial de Madrid ha emitido una sentencia recientemente en la que se afirma la no prohibición de filmar a agentes de la autoridad. En concreto los magistrados vienen a decir que : “No existe motivo para compeler a un ciudadano a parar una grabación de un hecho verificado en la vía pública por agentes policiales, ni en consecuencia para exigirle identificarse” . También se menciona en los siguientes términos : “Tampoco la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana parece considerar que está prohibido grabar a los agentes en el ejercicio de sus funciones”.  Con un apunte de esta magnitud, (ni más ni menos que la ley siendo aplicada por un juez), solo queda concluir  que la ley ha ocasionado durante estos años ciertas confusiones en los ciudadanos, confusiones que aún hoy, cinco años después de la publicación de la ley, sigue existiendo.

Así pues, estos son los dos argumentos que sostienen que captar imágenes de policías o guardias civiles, soldados o alcaldes y concejales, etcétera, no se puedan sancionar, ni a tenor de la Ley de Seguridad Ciudadana o de cualquier otra. Es más, si en su desarrollo legislativo se hubiesen contemplado sanciones para los ciudadanos que filmaran a los CFSE y se llegase a la lógica jurídica de que el artículo 8.2.a) de la ley sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad  personal y familiar y a la propia imagen hubiera sido derogado en virtud del principio “lex posterior derogat anterior”, el Tribunal Constitucional se hubiese mencionado sobre la más que evidente anticonstitucionalidad de tal desarrollo legislativo, tal y como lo hizo en su día con la anterior Ley de Seguridad Ciudadana.

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